El Derecho Civil es el que en mayor medida determina la vida de las personas
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El secretario General del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), Rafael de Lorenzo, ha propuesto que el proyecto de ley para reformar la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica hable de “ceguera” en lugar de “discapacidad visual”, por entender que se refiere a un colectivo de personas cuyo grado de visión es tan bajo (inferior al 10%) que a efectos prácticos pueden asimilarse a quienes tienen ceguera total.
Así se recoge en dos de las doce enmiendas que la organización ha presentado a este proyecto de ley, que pretenden remplazar la incapacitación judicial y la figura del tutor por un sistema de apoyos individualizados que se adapte a las necesidades de cada persona, para que éstas puedan tomar sus decisiones de forma libre y autónoma.
De Lorenzo compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados junto a catedráticos y expertos en Derecho y en discapacidad para fijar su postura respecto a esta propuesta. En líneas generales, afirmó, “estamos ante un texto magnífico y muy necesario”, que después de 12 años supondrá adaptar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, añadió, “es un texto largo y muy complejo, que a veces puede incurrir en contradicciones”.
De ahí las enmiendas propuestas por la ONCE, con la intención de mejorar ciertos aspectos técnicos y ofrecer "un plus de protección a las personas con ceguera y sordoceguera". En concreto, solicitó hablar de “personas con ceguera y no de personas con discapacidad visual”, para entender mejor el colectivo que se pretende proteger, y pidió que la reforma ofrezca más garantías para la accesibilidad de las personas ciegas y sordociegas.
Este es el objetivo de ocho de las 12 enmiendas propuestas, que inciden en la necesidad de “ampliar el concepto de ajuste razonable” e incluir el de “ajuste de procedimiento”. Según explicó, el notario debería leer el texto en voz alta y poder enviárselo al interesado por correo electrónico para que la persona lo lea en casa.
Otras posibilidades son la participación de una tercera persona autorizada para que proceda a dar lectura a los textos y la intervención de un intérprete que conozca la lengua dactilológica para que las personas sordociegas estén al tanto de todo el proceso o, en el caso de las que tienen discapacidad auditiva, de un intérprete de lengua de signos. “Además de reconocer el derecho, hay que garantizar que éste se puede ejercer", recalcó De Lorenzo.
Otra de las enmiendas sugiere que, en lugar de remitirse a la Ley de Patrimonio Protegido, la nueva reforma tenga como referencia la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013. La razón es que la primera norma solo se ocupa de aquellas personas con un grado de discapacidad superior al 65% “y deja fuera a todas las que están por debajo”, explicó.
Finalmente, la última de las enmiendas de la ONCE reclama que estas provisiones se lleven a cabo siempre que no supongan un menoscabo de los derechos de las demás personas inmersas en los procesos judiciales.
CAMBIO HISTÓRICO
Según Rafael de Lorenzo, este proyecto implica “la mayor reforma del Código Civil desde el siglo XIX”. “Estamos ante un hecho histórico”, que supone modificar siete leyes y 238 artículos y abre 142 líneas de reforma. “El Derecho Civil es el que en mayor medida determina la vida de las personas" y de ahí "la prioridad" de esta reforma, que De Lorenzo exigió también tramitar “con agilidad”.
