La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) podrá comercializar sus productos de juego en países del Espacio Económico Europeo y en siete de América, siempre que se comprometa "a dedicar una parte de los resultados obtenidos a programas en favor de personas con capacidades diferentes en estos lugares".
Los siete países de América son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México y Perú, según recoge el acuerdo general suscrito entre el Gobierno central y la ONCE, en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para el futuro de la institución, modificado este viernes por el Consejo de Ministros.
Tal y como informó en la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión del Gabinete la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, "con el fin de reforzar su presencia internacional" el Gobierno amplía la autorización que tiene actualmente la ONCE para comercializar productos conjuntos de lotería con operadores habilitados en países del Espacio Económico Europeo o en proceso de adhesión a la Unión Europea, a siete países de América.
Fuentes de la organización manifestaron a Servimedia su "satisfacción" por este acuerdo, porque "ayudará a fortalecer su posición como operador de juego socialmente responsable en coherencia con el modelo social y solidario de la ONCE y su fundación".
El acuerdo modificado este viernes recoge también la ampliación a la autorización para que la ONCE pueda celebrar cada 1 de enero un sorteo extraordinario hasta el año 2021, que es cuando finaliza la vigencia del mencionado acuerdo. En este sentido, la organización de ciegos explicó que confía en que se seguirá negociando la continuidad de este sorteo cuando finiquite la autorización.
ILUNION
Finalmente, el documento aprobado por el Gobierno contempla la creación del grupo empresarial de la ONCE y su fundación, que "nace con un carácter totalmente social, orientado a la creación de empleo para personas con capacidades diferentes en proyectos empresariales sostenibles económicamente en el tiempo", resaltó la vicepresidenta del Gobierno.
Dicho grupo, explica el Ejecutivo, se formará mediante la fusión del Grupo Empresarial de la ONCE (Ceosa) y del Grupo Empresarial de la Fundación ONCE (Grupo Ilunion, antes llamado Fundosa).
Para la ONCE, este reconocimiento "supone un paso más en el objetivo constante de garantizar la consolidación institucional y financiera de esta organización y su fundación", por lo que hace una valoración "muy positiva" de él.
Además, añade, supone disponer para los próximos años "de nuevas herramientas y mecanismos para afrontar, con mayor probabilidad de éxito, los retos actuales y las incertidumbres de futuro; y ante la realidad cambiante en todos los sentidos, tanto en el sector del juego, como la economía general o la evolución de las necesidades sociales de las personas ciegas o con cualquier discapacidad".
El Gobierno recuerda que a través del Consejo de Protectorado de la ONCE, la Administración mantendrá su capacidad de control y supervisión en el ámbito económico, financiero y social sobre el nuevo Grupo Empresarial de la ONCE y su fundación, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines sociales para los que es creado.
El acuerdo recoge también, afirmó explicó Sáenz de Santamaría, medidas para "ayudar a garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE para que pueda mantener la solvencia y calidad de la labor social que desempeña".
En la actualidad, finalizó la vicepresidenta del Gobierno, trabajan en entidades sociales de la ONCE y su fundación unas 68.000 personas, 5.500 más que hace cuatro años.
Asimismo, en los últimos 20 años se han creado otros 99.500 empleos en terceras empresas y entidades con apoyo de la ONCE y su fundación (27.000 empleos en los últimos cuatro años), de los que un 98% son empleos para personas con discapacidad.
El Gobierno entiende que los acuerdos hoy adoptados favorecen el cumplimiento de los fines sociales y de solidaridad encomendados a la ONCE, en especial el acceso al empleo de las personas con discapacidad, al asegurar su estabilidad jurídica y financiera.
