La ONCE y el Cermi piden en el Senado que los fondos para la reconstrucción de la UE lleguen también a la discapacidad

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, pidieron este lunes que los fondos europeos para la reconstrucción frente a la pandemia del coronavirus "lleguen también al mundo de la discapacidad", durante una jornada sobre "personas con discapacidad y derechos sociales tras el Covid-19" organizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y las Cortes Generales.

La presidenta del Senado, Pilar Llop, abrió desde la Sala Clara Campoamor de la Cámara Alta la jornada, que se celebró por videoconferencia. Carballeda manifestó que es preciso que los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, "se beneficien también de esas ayudas". "Las personas más desfavorecidas necesitamos que, cuando lleguen esos fondos, nos tengan en cuenta", subrayó.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno reclamó también que los fondos europeos se destinen al sector social. "No puede ser que se limiten a infraestructuras y obras públicas", declaró. "Por supuesto que (dichas inversiones) son importantes", reconoció, pero el impacto de la pandemia requiere un enfoque mucho más amplio.

Por otra parte, Carballeda lamentó la "soledad" que, en su opinión, el sector de la discapacidad ha sentido "muy a menudo" durante lo peor de la pandemia y el confinamiento. "Hemos sido los últimos en la cola" en el acceso a la salud y a otros derechos, afirmó, y "los primeros" en padecer las consecuencias.

Asimismo, indicó que “las personas con discapacidad o aquellas familias con algún miembro en esta situación hemos padecido una soledad no deseada". "Hemos percibido ausencia, silencio, cuando no abandono“, y destacó el informe sobre la vulneración de los derechos de este colectivo elaborado por el Cermi.

Relató cómo el derecho a la vida de las personas con discapacidad "se ha visto absolutamente atacado" y cómo la igualdad en el acceso a la salud "ha sido vulnerada", ya que por razón de edad y de discapacidad se han producido "flagrantes discriminaciones". Agregó que el derecho a recibir información sobre temas vitales de manera accesible también se ha vulnerado, "y eso por no hablar del conjunto de derechos sociales, que siempre son los más afectados en una situación de crisis".

Además, lamentó que el decreto-ley sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no haya considerado la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, "posiblemente por las prisas" con las que se tramitó.

"La discapacidad no se ha considerado como un hecho especialmente relevante", explicó Luis Cayo Pérez Bueno, "cuando de media cobramos un 30% menos de renta; trabajamos menos y somos más pobres y, además, incurrimos en muchos gastos extra" precisamente a causa de la discapacidad. "Como toda ayuda pública nueva, generó muchas espectativas y, en cierto sentido, ha sido un jarro de agua fría para las familias", subrayó.

En su redacción actual, el IMV no amplía la cobertura que ya ofrecían las pensiones no contributivas o las ayudas para la dependencia, y defendió que la situación económica del colectivo también incidió en sus condiciones de vida "en residencias masificadas", donde "el impacto del virus fue terrible". Por este motivo, el Cermi ha presentado un amplio paquete de enmiendas para mejorar la norma durante su tramitación como proyecto de ley.

Además, el presidente del Cermi insistió en la necesidad de que la legislación sobre accesibilidad se cumpla y puso como ejemplo la falta de accesibilidad de la aplicación 'Radar Covid', que cuando se lanzó no podía ser utilizada por las personas ciegas. "Sé que se está trabajando en solucionarlo“, admitió, pero "ya han pasado dos meses desde su presentación y es un asunto que atañe a la vida de las personas".

EMPLEO

Asimismo, Carballeda se refirió a la importancia de garantizar la accesibilidad y de cumplir la legislación sobre discapacidad que ya existe, en especial la que se refiere al empleo. En su opinión, garantizar un puesto de trabajo es "la mejor vía de inclusión social de las personas con discapacidad".

Destacó el caso del Grupo Social ONCE, el primer empleador de este colectivo a nivel mundial, en el el que actualmente trabajan 73.000 personas. Señaló que de 40.000 personas inmersas en ERTE en lo peor de la crisis, actualmente el grupo mantiene a 3.000 trabajadores en este proceso, casi todos pertenecientes a empresas del Grupo ILUNION.

"Estamos trabajando para rescatar a todos nuestros trabajadores", afirmó Carballeda, que apuntó que, de hecho, los que se mantienen en esta situación son empleados en sectores muy dependientes de la hostelería, como los hoteles o las lavanderías. El presidente del Grupo Social ONCE también mencionó el esfuerzo para que todos los vendedores del cupón volviesen a las calles, "cosa que conseguimos el pasado 15 de junio".

"Si la vuelta a la normalidad está siendo difícil para cualquier persona, imagínense si a la discapacidad de quien usa un bastón blanco se le suman llevar mascarilla, la distancia social y todo lo que esto implica. En esta casa estamos luchando mucho para recuperar el empleo", reiteró.

Entre otros, en la jornada participaron, además de la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Rik Daems; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Raúl Canosa, y los presidentes de las comisiones de políticas de discapacidad deL Congreso y el Senado, Joan Ruiz y María Teresa Fernández, respectivamente.

En su intervención, la presidenta de la Cámara Alta abogó por "garantizar la inclusión y el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos y sociales". "Debemos también asegurarnos de que se les prestan los apoyos que necesitan", prosiguió, pues "“es nuestra obligación como poderes públicos velar por que nadie se quede atrás".

Finalmente, se refirió a la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y dijo que "es importante que todos sepamos detectarla para poder combatirla. De ahí la necesidad de que los entornos aprendan a distinguir los síntomas y que todos los servicios de atención y asesoramiento sean accesibles".