La ONCE y el movimiento asociativo refuerzan los derechos de los consumidores con discapacidad

De izq a dcha: Pérez-Bueno,Carballeda,Sauquillo,Cabra de Luna

Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.

El Consejo de Consumidores y Usuarios Abre nueva ventana (CCU), la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE Abre nueva ventana) y su Fundación Abre nueva ventana y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Abre nueva ventana) han firmado un convenio para defender los derechos que tienen las personas con discapacidad como consumidores y realizar acciones que favorezcan y hagan efectivas sus garantías en este terreno.

Según recoge 'Europa Press' en su comunicado, con este acuerdo firmado por la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, el presidente de la ONCE y de su fundación, Miguel Carballeda y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, se dará apoyo a iniciativas que fomenten el consumo responsable "insistiendo en su dimensión social", beneficiando, en su opinión, a los productos y servicios producidos por personas discapacitadas que trabajan en Centros Especiales de Empleo.

El CCU ha añadido que este convenio impulsará y promoverá en el sector empresarial la necesidad de introducir la perspectiva de la discapacidad en sus productos y servicios que tienen como destinatarios a toda la sociedad y, entre ellos, "a los casi cuatro millones de ciudadanos con discapacidad que viven en España". También ha asegurado que se garantizará que los discapacitados no sean utilizados cuando les contraten empresas que practican actividades como el juego ilegal.

Por otro lado, el acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, permitirá la realización de actividades relacionadas con la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios, impulsando actuaciones y una regulación en el marco del sector del juego, incluyendo Internet, telefonía móvil y otros soportes tecnológicos existentes o que puedan existir y que, a su juicio, "pongan en riesgo la seguridad del consumidor en algún momento".

 

 

Fuente: Europa Press