El Pleno del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un incremento del 19% para el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el nuevo periodo 2021-2027, hasta superar los 120.000 millones de euros (precios corrientes). Se trata del principal instrumento de la UE relativo a educación, formación, empleo e inclusión social, y que beneficiará principalmente a jóvenes y niños.
La propuesta, que recibe así el primer visto bueno del Parlamento Europeo pero debe volver para su aprobacion definitiva tras obtener luz verde del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, salió adelante con amplia mayoría, al obtener 543 votos a favor y 81 en contra.
El informe para esta propuesta, que ha sido elaborado como ponente por la eurodiputada española del PP Verónica Lope, plantea aumentar la dotación del FSE+ en el presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 hasta un 19% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea (de 89.600 a 106.800 millones de euros aproximadamente).
Su propósito es reforzar los recursos dedicados al empleo juvenil y asegurar la igualdad de oportunidades para los niños en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de las facetas en las que hace hincapié a pesar de las criticas recibidas desde algunos sectores como el Grupo Liberal, al considerar que debe atenderse a las familias sin recursos en su conjunto y no solo a los niños que formen parte de ellas.
El FSE+ incluye partidas específicas destinadas a mejorar la inclusión social -en particular la accesibilidad de personas con discapacidad-, a fomentar el empleo –sobre todo incidiendo en el paro juvenil- y a luchar contra la pobreza, prestando especial atención al desafío de la pobreza infantil, que tiene tasas “inaceptables” del 26,4% en la UE. Para este capítulo, el informe pide crear una Garantía Infantil dotada con 5.900 millones de euros.
Además, reclama aumentar hasta el 27% las partidas del FSE+ relativas a la inclusión social, atendiendo sobre todo a la prioridad de combatir la pobreza infantil y de mejorar la accesibilidad a servicios y oportunidades de las personas con discapacidad.
También garantiza que los Estados miembros destinen al menos un 3% a medidas de apoyo a los más necesitados, en las que se incluye asistencia material básico y medidas de acompañamiento destinadas a su inclusión en la sociedad.
Durante la defensa del informe ante el Pleno del Parlamento Europeo, Lope destacó que por primera vez se ha introducido en un Reglamento de la UE un concepto común de economía social, algo que “garantizará una mayor seguridad jurídica y servirá a las empresas de la economía social, en particular en países como España, Italia o Portugal, en donde el FSE+ es clave, en su labor con las personas más vulnerables”. “Nuestros ciudadanos son el mayor activo con el que cuenta la UE y, por lo tanto, tienen que estar en el centro de nuestras políticas”, dijo.
Lope pidió “aumentar los niveles de empleo, en particular entre los jóvenes, modernizar los sistemas educativos y formativos adaptándolos a las necesidades del mercado laboral, reforzar el aprendizaje permanente, y luchar contra la pobreza y la exclusión social”. “El FSE+ será la mejor herramienta para lograrlo”, añadió la eurodiputada aragonesa.
Asimismo, aseguró que “la UE solo puede ser competitiva si mantiene elevados niveles de empleo, educación, salud e inclusión social, y todo ello prestando particular atención a las personas que más lo necesitan”, y subrayó que “el FSE+ es el instrumento adecuado para conseguir estos objetivos”.
En concreto, expuso que en el ámbito de la educación los recursos del FSE+ se centrarán en la promoción de oportunidades y en el fomento de la formación continua a lo largo de la vida laboral.
En empleo, puso en valor que el Parlamento Europeo haya incrementado en su propuesta sobre el FSE+ las ayudas destinadas a los países de la UE que cuenten con mayor porcentaje de jóvenes que no estudian ni están activos en el mercado laboral.
El Fondo Social Europeo lleva 60 años invirtiendo en la ciudadanía europea, mediante el impulso de la inclusión social, el empleo, la lucha contra la pobreza, la educación, la inserción laboral de los jóvenes, la calidad de vida, la sanidad y la cohesión social. Los proyectos y programas deben contribuir a mejorar la cohesión económica, social y territorial.
