Ádám Kósa, el primer eurodiputado sordo del Parlamento Europeo (PE), ha presentado un informe ante la Eurocámara en el que recuerda que 80 millones de europeos presentan algún tipo de discapacidad, de los que sólo trabajan entre el 30 y el 40%. El texto incide especialmente en el empleo, la educación y el acceso a los servicios junto a la participación en la vida pública.
En la nota de prensa publicada por el (PE), se destaca que los discapacitados encuentran barreras importantes para acceder al mercado laboral o a los servicios en general. Favorecer la igualdad de oportunidades "redundaría en beneficio de toda la sociedad, al igual que de la economía". Para Kósa, "el empleo es un punto fundamental en el camino hacia la plena inclusión y para evitar que los discapacitados sigan constituyendo uno de los grupos sociales con mayor riesgo de caer en la pobreza". Al respecto, el eurodiputado encuentra en las pequeñas y medianas empresas las claves para impulsar el empleo de este sector social.
La educación es otro factor intrínseco en las dificultades de las personas con discapacidad para integrarse en la sociedad y en el mercado laboral. Sólo el 5% de este colectivo dispone de un título superior, indica el informe. Al respecto, Kósa ha valorado negativamente la falta de atención a por parte de los sistemas educativos, así como la necesidad de conceder ayudas a los padres de niños con discapacidad.
Otro tema importante recogido en el informe es la igualdad de acceso a los servicios. "Por ejemplo, para hacer posible el acceso a tareas tan cotidianas como hacer la compra", señalaba el eurodiputado, "deben redactarse las etiquetas de precios de forma que también puedan leerlas los ciegos".
Aludiendo a la participación de las personas con discapacidad en la vida pública, Kósa animaba a los Gobiernos a garantizar la accesibilidad del voto, a promover las oportunidades de ser elegidos o asumir un cargo público.
"Para alcanzar nuestros objetivos, habría que reforzar los derechos humanos de las personas discapacitadas", asegura Kósa, que agrega que "el lenguaje de signos, así como técnicas de comunicación especial, incluyendo las basadas en la tecnología, son fundamentales para proporcionar servicios y soluciones accesibles que nos permitan comunicarnos, vivir y trabajar con el resto de la sociedad".
Finalmente, el informe también insta a los Estados miembros a firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a desarrollar estrategias específicas en línea con la ya existente Estrategia europea.
RESOLUCIÓN APROBADA POR MAYORÍA
Tras el informe presentado por Ádám Kósa para su votación, el PE ha adoptado una resolución en la que señala que la Unión Europea (UE) debe promover la movilidad y el empleo de las personas discapacitadas y tener en cuenta las necesidades de este sector en otras políticas comunitarias.
"Más de 80 millones de personas -alrededor del 16% de la población de la UE- tiene algún tipo de discapacidad. El objetivo de la Estrategia Europa 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75% de la población activa de entre 20 y 64 años de edad no podrá alcanzarse de ningún modo sin incluir a la población activa con algún tipo de discapacidad", recalcó el ponente Àdám Kósa durante el debate previo a la votación de su informe.
La resolución, aprobada por amplia mayoría en una votación a mano alzada, advierte que la tasa de empleo de las personas con discapacidad asciende al 45% en la UE, un sector de la población que además es de los más afectados por la crisis económica. Por ello, los eurodiputados creen que las medidas de austeridad no deberían convertirse en un pretexto para recortar servicios o proyectos de inclusión de personas con discapacidad.
LENGUA DE SIGNOS Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
La Eurocámara ha solicitado a los Estados miembros que reconozcan el lenguaje de signos como lengua oficial en su territorio y a la Comisión Europea (CE) que haga lo mismo en sus actividades diarias.
El Parlamento también insiste en "la necesidad de alcanzar un rápido acuerdo respecto al proyecto de directiva que establece normas concretas para aplicar el principio de igualdad de trato entre personas independientemente de su religión, discapacidad, edad u orientación sexual". Asimismo, exige a la Comisión que refuerce las normas de integración y contra la discriminación, tanto en la política de cohesión de la UE prevista para 2014-2020 como en la política de contratación pública.
Finalmente, el texto pide la pronta ratificación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada hasta el momento por 17 Estados miembros.
Nathalie Domínguez
