El Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse 
) ha dado luz verde a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, un documento que dotará a España de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación a la RSE, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.
La reunión, celebrada en la tarde del miércoles en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha estado presidida por la ministra del ramo, Fátima Báñez, quien se ha referido al comienzo de su intervención a la hoja de ruta del Gobierno de España en lo relativo al impulso de la Responsabilidad Social, "que se vertebra en torno a tres ejes fundamentales".
Así, en alusión a un primer eje relativo a la transparencia, el buen gobierno y la ejemplaridad de las Administraciones públicas, la ministra se ha referido a la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo para las entidades de crédito; y al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.
En relación al segundo eje, el de promoción de la RSE, ha indicado que el Ejecutivo "ha puesto en marcha una iniciativa que en Europa ya ha sido considerada como una "buena práctica" y que tenemos previsto continuar impulsando", en referencia al sello de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, "cuyo objetivo es dar visibilidad a aquellas empresas y organizaciones que realizan actuaciones para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades laborales".
Hasta la fecha, ya son más de 500 las empresas las que se han adherido a la Estrategia, que han puesto en marcha medidas valoradas en casi 500 millones de euros, según recuerda Empleo.
Por último, la ministra se ha referido a un tercer eje para la creación de un marco común de referencia en el que se enmarca, como actuación principal, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, que responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE.
"Además, se trata de un compromiso del Gobierno adquirido en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en el que me comprometí a que España tuviera una Estrategia de Responsabilidad Social en la presente legislatura", ha señalado Báñez.
La Estrategia se ha elaborado en el seno del Cerse a partir de una propuesta inicial que el Ministerio realizó, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en el pasado mes de septiembre.
Además de los cuatro grupos que componen el Cerse (administraciones públicas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y sociedad civil organizada) en la elaboración de la Estrategia han participado 10 ministerios, las comunidades autónomas, las entidades locales, responsables de RSE de empresas españolas, expertos académicos y también los ciudadanos a través del proceso de información pública al que ha sido sometido el borrador del documento.
OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACION
La Estrategia Española de RSE parte de seis principios -competitividad, cohesión social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia y voluntariedad-, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación, como promover la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles, integrar la RSE en la educación, la formación y la investigación, Buen Gobierno y transparencia, gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo o Inversión socialmente responsable e I+D+i, entre otras.
El objetivo final pasa por apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora, según subraya Empleo.
El documento incluye, además, en su parte final, una clasificación de las 60 medidas que contempla según su prioridad (12 son de prioridad muy alta, 18 son de prioridad alta y 30 son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones.
"Se marca así una hoja de ruta que nos compromete a todos y que ha de dar lugar a que cada uno de los agentes implicados realicemos, en el ámbito de nuestras competencias, planes de acción que desemboquen en el desarrollo y cumplimento de cada una de las medidas que contempla el documento", ha indicado Báñez.
Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.
Europa Press
