Presenta una enmienda parcial para que este plan “cuente con una partida presupuestaria” el próximo ejercicio
Redacción
El Partido Popular ha registrado una enmienda parcial al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para dotar a la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 de una partida de 15 millones de euros y evitar que este plan quede en “papel mojado”.
Esta propuesta de modificación de partidas busca que el plan cuente con dotación presupuestaria en 2023. La Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 fue aprobada el pasado 3 de mayo –Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas– y pretende “hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias”.
Sin embargo, desde el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ven con preocupación que la estrategia quede “en papel mojado” en 2023 al no contar, dicen fuentes del PP, “con ninguna partida presupuestaria” en las cuentas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
FONDOS EUROPEOS
La memoria de los objetivos de los presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recoge que las cuentas pretenden ejecutar la “elaboración e implementación de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, en línea con las directrices marcadas por la Estrategia Europea de Derechos de las personas con sobre discapacidad 2021-2030”.
Sin embargo, los populares denunciaron ante Servimedia que los presupuestos no recogen ninguna partida en este sentido. “Aprobaron la estrategia pero no la dotan de presupuesto, lo que la convierte en papel mojado si no se aprueba la enmienda”, insistieron las fuentes consultadas.
La modificación presupuestaria del PP apuesta por reducir en 15 millones de euros las transferencias corrientes del ministerio a comunidades autónomas para modernizar los servicios sociales en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, y redirigirlos a la creación de una partida para la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030.
En este sentido, cabe subrayar que este plan compete tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la iniciativa privada; y también está financiado con fondos europeos.
