Alrededor de 360.000 personas están pendientes de ser evaluadas para determinar si les corresponde algún grado de los tres recogidos en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y poder optar así a alguna de las prestaciones que éste contempla. Reducir esa lista de espera será uno de los retos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en lo que queda de legislatura.
Para resolver esta situación harían falta unos 600 millones de euros, según estima el Observatorio de la Dependencia. Además, habría que añadir otras 310.120 personas que ya han sido evaluadas pero que se encuentran todavía a la espera de empezar a recibir la prestación a la que tienen derecho.
Impulsar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y mejorar la transparencia del sistema son otras tareas pendientes en este terreno para la nueva ministra, que, al heredar los Presupuestos diseñados por el anterior Ejecutivo, tiene muy difícil cumplir con una de las principales demandas del sector y de las comunidades autónomas: asumir el 50% del coste de la dependencia.
A Montón también le piden garantizar la viabilidad del sector de organizaciones estatales de acción social, que se vio muy afectado por el nuevo reparto de los fondos del 0,7% del IRPF tras el recurso de Cataluña.
Por su parte, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclaman acabar con el "copago confiscatorio" en Sanidad, asegurar una cobertura básica de productos ortoprotésicos y una red mínima de servicios sociosanitarios y de atención temprana a nivel estatal para eliminar las diferencias entre comunidades autónomas, y suprimir los centros de educación especial en pro de una verdadera educación inclusiva.
