Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector
Más de cinco millones de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social en España reciben ayuda directa gracias a la necesaria implicación de entidades privadas, del voluntario y de ONG. Pese a desarrollar una actividad verdaderamente activa en España -tal y como detalla Luciano Poyato- y al nuevo marco normativo aprobado por el Gobierno, el Tercer Sector tiene mucho trabajo por delante en materia de concienciación y reducción de la pobreza. Al frente de la Plataforma social más importante del país, su presidente nos explica las prioridades sociales nacionales y nuestra posición en la Unión Europea.
¿Qué lugar ocupa en estos momentos el tercer sector en España? ¿Por qué es tan relevante el papel de las empresas del tercer sector en la creación de empleo, principalmente en la inserción laboral de personas vulnerables como el colectivo de personas con discapacidad?
El Tercer Sector en España atiende a más de 6 millones de personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Es un sector que engloba a más de 30.000 organizaciones, en el que se implican más de cinco millones de voluntarios y que emplea a 636.000 trabajadores en nuestro país. Desde luego, si hay un sector comprometido con la empleabilidad de las personas más vulnerables es el Tercer Sector, no sólo con personas con discapacidad necesariamente, sino también en materia de creación de empleo para personas que han superado un problema de adicciones por ejemplo. Además, el papel de estas empresas y organizaciones no sólo es relevante desde el punto de vista de la creación de empleo directa, sino desde la perspectiva de la concienciación social que realizan de cara a otras compañías e incluso con exigencias que se van planteando a las administraciones públicas sobre la necesidad de seguir creando incentivos a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad.
En todo caso, su lugar es importante no sólo desde el punto de vista de la creación de empleo o de su representación en el PIB del país (un 2%), sino que, ante todo, su importancia radica en ser el reflejo de la sociedad civil organizada, de la solidaridad de todos los ciudadanos con las personas en situación de exclusión y necesidad.
El pasado mes de octubre ha sido para nosotros un gran hito en la definición del papel del sector en la elaboración y aplicación de políticas sociales y en la atención a las personas en situación de necesidad, ya que se ha aprobado la primera ley del Tercer Sector de Acción Social, una ley marco que apoyara nuestra labor diaria, y que define un marco estable que reconoce nuestra labor activa en favor del desarrollo del Estado.
Este nuevo marco normativo, más acorde con la realidad del sector en los últimos años, ha sido una de las principales reivindicaciones de la Plataforma del Tercer Sector, ya que considerábamos que era imprescindible el desarrollo de esta ley general, cuya ausencia dificultaba el despliegue de la labor de las entidades de acción social.
Este ha sido un primer paso, al que necesariamente debe seguirle el desarrollo de mecanismos de financiación que garantice la atención sostenida y armonizada a las personas más vulnerables, en la defensa de la justicia social, la inclusión social y laboral y el respeto a los derechos básicos de todos los ciudadanos.
¿Cómo convencer de la compatibilidad de los beneficios económicos y de los beneficios sociales a las grandes compañías? ¿Diría que todavía es necesario formar a los empresarios sobre estas ventajas competitivas y la RSE?
Quizás todavía sí lo sigue siendo. Aunque es cierto que en los últimos años se ha avanzado en esta materia, la empleabilidad de las personas con discapacidad crece lentamente, y existen actualmente 800.000 personas con discapacidad inactivas en edad laboral.
El modelo legal actual de impulso al empleo tiene más de 30 años y ha quedado obsoleto en buena parte, por lo que se necesita una nueva Ley de Inclusión Laboral que siente las bases y oriente y refuerce las políticas activas de empleo para las dos próximas décadas, y que sea esa “palanca” necesaria para la concienciación real de las grandes compañías.
La Responsabilidad Social Corporativa tiene que dejar de ser, en los casos en los que aún se concibe así, una moda para convertirse en una realidad, ya que la implantación de una verdadera cultura de contratación social responsable –tanto privada como pública- es la que hará posible el cumplimiento, por ejemplo, de las cuotas de reserva.
De esta manera, además de concienciación, que por supuesto hay que seguir haciéndola, lo que es imperativo también es que se cumplan las leyes que existen actualmente, aunque tengan que ser mejoradas. Pero es que ni siquiera se cumplen siempre las normas actuales.
¿En qué punto diría que estamos respecto a la promoción del emprendimiento y de la creación de micropyme y pyme respecto a otros países de Europa? ¿Diría que en la generación de este tipo de empresas se encuentra uno de los factores de crecimiento económico?
Yo creo que hemos avanzado mucho en este sentido también en los últimos años en España, sobre todo con la eliminación de barreras en la creación de empresas, facilitando cada vez más muchos trámites burocráticos, bonificando el emprendimiento mediante el abaratamiento de las cuotas para jóvenes, etc.
En todo caso, no debemos quedarnos aquí, y debemos seguir dando pasos en la buena dirección en este sentido, dado que todavía queda mucho camino por recorrer. Y en cuanto al ámbito de lo social, que es lo que más nos preocupa a nosotros, lo que debemos tener en cuenta es que hay que hacer una importante labor de concienciación también con las pequeñas y medianas empresas sobre la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, amén de fomentar el propio emprendimiento por parte de dicho colectivo, incrementando las deducciones fiscales o el acompañamiento a estas personas. Sin duda sería otra fuente de creación de empleo para un sector de la sociedad tan necesitado de tener un trabajo de calidad.
La Comisión Europea ha destacado que la consecución de la Estrategia Europa 2020 sólo será posible si se estrecha la cohesión social y el diálogo con los agentes implicados se intensifica. ¿Cree que es así, que se está dando un mayor diálogo social?
La adopción de una estrategia internacional como Europa 2020 es siempre, sin duda, una gran oportunidad para repensar el modelo de crecimiento que tenemos y que queremos, y, por tanto, para establecer un punto de inflexión que nos lleve hacia el desarrollo de una economía más justa, más equitativa, y con menos desigualdad asociada. Esta estrategia, que sustituye a la anterior Estrategia de Lisboa, Crecimiento y Empleo (2000-2010), establece cinco objetivos en materia de empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, integración social y reducción de la pobreza.
Pero el crecimiento económico de un país, incluso el descenso en los indicadores más “sociales” como pudiesen ser los datos de paro, por ejemplo, no es necesariamente sinónimo de descenso de la pobreza o de la exclusión social. De hecho, hemos podido ver cómo en algunas etapas de gran bonanza económica ha sido cuando más ha aumentado la desigualdad, o cuando más extremas se han hecho las condiciones de las personas que vivían en situación de pobreza y exclusión.
Es por esto que la estrategia Europa 2020 será una verdadera oportunidad y supondrá un cambio a mejor siempre y cuando se adopten medidas coherentes y sólidas, diseñadas no hacia la mera consecución de los indicadores, sino desde una verdadera concepción transversal, y pensando en la real inclusión de los colectivos más desfavorecidos.
Desde la Plataforma estamos pidiendo por ejemplo en este sentido que se desarrolle una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral, orientada al fomento de la empleabilidad de todas las clases sociales, ya que habitualmente los planes de empleo suelen fracasar en lo que respecta a las personas en riesgo exclusión. Si no se desarrollan políticas en materia de acceso a la educación, de garantía de rentas mínimas, y de empleabilidad específicamente dirigidas a las clases excluidas, seguiremos dejando a muchas personas fuera del sistema educativo y laboral.
¿Qué supone para el tercer sector contar con el respaldo europeo en este nuevo programa operativo?
Para el sector es importante este respaldo ya que, como apuntaba anteriormente, puede suponer un cambio en las políticas de crecimiento, o en la propia concepción del mismo. Ahora bien, el cumplimiento de los objetivos marcados no es fácil, ya que a pesar de estar bien posicionados como país en cuanto a la apuesta por las energías renovables y al nivel educativo de la población entre 30 y 34 años; existen indicadores en que España se sitúa muy lejos de las metas 2020, como la tasa de abandono escolar (21,9% frente al 11,1% de media europea), que debería descender para 2020 al 10%, o la empleabilidad de la población activa, en que España se sitúa por detrás de la media europea (59,9% frente al 69,2% de media, con un objetivo de alcanzar el 75% en 2020).
Asimismo, si no conseguimos cambiar el rumbo que hemos seguido en los últimos años, tampoco cumpliremos el objetivo de reducción de la pobreza en la Unión, ya que la estrategia señala la meta concreta de sacar a 20 millones de personas de la situación o riesgo de pobreza y exclusión social, en un contexto en a nivel europeo se ha aumentado a 122 millones de personas en dicha situación.
La Unión Europea ha mantenido hasta ahora una “doble gobernanza”, en la que la “política dura” se ha aplicado sólo al cumplimiento de las exigencias macroeconómicas, y la “blanda” a los objetivos de tipo social, que se han concebido siempre en modo de recomendaciones cuyo incumplimiento no implica sanción alguna. Así, nos encontramos que cuando al mismo tiempo un país debe cumplir su objetivo de déficit y reducir la pobreza, y no puede alcanzar ambos, prioriza el cumplimiento del déficit para evitar las sanciones. Este doble rasero es el que realmente debe cambiar, y que se comiencen a desarrollar reglamentos de obligado cumplimiento en materia social, para que se cumplan los objetivos que tienen que ver directamente con los ciudadanos.
Nathalie Domínguez
