El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad buscará un nuevo marco regulatorio para gestionar las ayudas destinadas a fines sociales procedentes del 0,7% del IRPF, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha estimado parcialmente el conflicto positivo de competencia que interpuso la Generalitat de Cataluña contra una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
La Generalitat entendía que la resolución vulneraba competencias de la Administración autonómica y desde formaciones nacionalistas se ha interpretado que el TC otorga la gestión de estas subvenciones a la Administración autonómica.
Sin embargo, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, manifestó a Servimedia que el fallo del Constitucional pide habilitar un nuevo marco regulatorio acorde con las competencias de ambas administraciones, por lo que señaló que su departamento ya trabaja en ese objetivo.
"Acatamos, como no podía ser de otra forma, el fallo del Constitucional y nos complace que la Generalitat también lo haga", señaló Garcés, que añadió que en base a lo que marca el TC es necesario habilitar un modelo que permita unidad de acción, por lo que el Ministerio trabaja para establecer un sistema que le permita regular y gestionar las ayudas.
El secretario de Estado indicó que se debe, en cualquier caso, tener presente que se trata de ayudas dirigidas a las personas, por lo que deben orientarse a satisfacer "necesidades personales, no territoriales".
