El Pleno del Senado aprobó este miércoles, por 86 votos a favor, cero en contra y 150 abstenciones, una moción del Grupo Catalán que insta al Gobierno a incrementar del 50% al 75% el importe de la ayuda al coste salarial existente ahora, "en el supuesto de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral".
La moción, consecuencia de interpelación, apuesta, concretamente, por "incrementar, en el supuesto de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, el importe de la ayuda al coste salarial hasta el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente, correspondiente al puesto de trabajo ocupado por personas con discapacidad que realicen una jornada laboral a tiempo completo y a la cuantía equivalente cuando realicen una jornada a tiempo parcial, durante los años 2012 y 2013".
Además, la iniciativa quiere que el Ejecutivo garantice a las comunidades autónomas "los recursos financieros correspondientes" para que puedan cumplir con el aumento del 50% al 75% de la subvención del SMI, "para todos los puestos de trabajo existentes y creados, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, en el plazo de dos meses".
Según afirmó la senadora Montserrat Candini en la defensa de la moción, el coste económico de la medida que su grupo propone asciende a 50 millones de euros, lo que, aseguró, supone mucho menos del uno por ciento de los presupuestos generales del Estado.
Por este motivo, Candini dijo no entender la postura de los populares, que se abstuvieron en la votación y que expusieron una enmienda no aceptada por el grupo proponente, que abogaba por la presentación, en el plazo de cuatro meses, de un informe de evaluación que diera cuenta de los resultados conseguidos con la ampliación de la subvención.
Y es que, si los centros especiales de empleo percibieron hasta el año pasado una subvención del 75% para pagar el SMI de sus empleados es por que en 2009 se aprobó una ley que recogía la ampliación transitoria de esa ayuda hasta el 75%, que en 2011 no se prorrogó.
Tal como explicó durante el debate la senadora popular Araceli Peris, el objetivo del Gobierno es conocer la situación real del empleo de las personas con discapacidad, especialmente de las que más dificultades encuentran para acceder a él, y por eso quiere poner sobre la mesa un informe que lo refleje y que evidencie las necesidades existentes.
Con esta postura, Peris subrayó la del Gobierno central, manifestada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su respuesta a la interpelación planteada en la Cámara Alta por CiU hace unas semanas.
Por su parte, el Grupo Socialista manifestó su apoyo a la medida, "por convicción", porque, según afirmó la senadora Carmen Menéndez, al proponerla, CiU cae en "contradicciones".
No entienden los socialistas que Convergencia i Unió pida más protección laboral para los ciudadanos con discapacidad y dé su apoyo a la reforma laboral planteada por el Ejecutivo central, que, a su parecer, generará "desigualdad en el acceso al empleo" también para este colectivo.
El texto de los catalanes contó también con el visto bueno del resto de los grupos parlamentarios, que consideraron que la moción supondrá una mejora para el empleo de las personas con discapacidad, lo que, argumentaron, si siempre es importante, lo es más ahora, en tiempos de crisis.
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