Un 59% en su entorno laboral, y el 54,4%, en espacios de ocio y tiempo libre
Redacción
El 71% de las mujeres con discapacidad se ha sentido discriminada por esta doble condición a lo largo de su vida, según el estudio para la prevención, identificación y detección de situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad presentado este miércoles en Madrid por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis).
Realizado a partir de 1.080 entrevistas a mujeres con discapacidad, el trabajo revela que el 47% de las encuestadas ha sentido discriminación “alguna vez” en su vida; el 5% “de forma constante”, y el 19% la experimenta con frecuencia. Solo el 20% de la muestra afirma que nunca ha sido discriminada.
Presentado por la exsecretaria de Estado de Igualdad y experta en consultoría de género, Laura Seara, el estudio también revela que el 54% de las mujeres con discapacidad que se sintieron discriminadas vivieron esta experiencia en el ámbito educativo. Un 59% experimentó discriminación en su entorno laboral, y el 54,4% en espacios de ocio y tiempo libre.
Además, el 79% presentó algún tipo de denuncia o queja por estos motivos. El 20% lo hizo ante instituciones estatales; el 11% denunció en instancias autonómicas; el 12%, ante administraciones locales, y el 20% se remitió a entidades de personas con discapacidad.
VIOLENCIAS
La investigación analiza la prevalencia de la violencia física, sexual, psicológica (emocional y de control), obstétrica, económica y estructural en las mujeres con discapacidad, y apunta a una prevalencia mayor en todos los casos respecto a la población femenina en general, que aumenta según el grado y por tipos de discapacidad.
En cuanto a quiénes ejercen la violencia, el 26% de las víctimas de violencia física señalaron a sus cuidadores o cuidadoras; el 22% a sus parejas; el 20% acusaron a sus familiares; el 17% a personas desconocidas, y el 15% afirmó que procedía de los profesionales sanitarios.
Durante el embarazo, el 26% de las encuestadas afirmó haber sufrido violencia a manos de sus cuidadores, un 25% la experimentó a manos de su pareja y el 14% por parte de los profesionales sanitarios.
El trabajo incluye también un amplio cuestionario al personal sociosanitario de centros de salud en Navarra, Galicia y Cataluña. En todos los casos, existe “una demanda unánime de más formación sobre discapacidad y violencia de género”, defendió Laura Seara, que destacó que en Galicia llega hasta el 100% del personal.
Los trabajadores sanitarios apuntan también que el poco tiempo disponible, la ausencia de espacios habilitados y la falta de personal de apoyo (intérpretes, asistentes…) dificultan la detección de casos de violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad.
“Muchas de ellas tienen que entrar acompañadas”, explicó Seara, porque “necesitan apoyo para comunicarse o moverse”. “Si en los centros no se lo pueden proporcionar, muchas mujeres no cuentan nada, simplemente porque la persona que les acompaña puede ser parte del problema”, resaltó.
Por su parte, las usuarias de estos recursos critican la excesiva rotación de profesionales (el 53% no considera que tiene a un profesional de referencia con quien poder hablar en caso de violencia) y la poca dotación de los equipos de pediatría.
Finalmente, las entidades de Cemudis analizaron la accesibilidad de los recursos y concluyeron que, salvo en algunos aspectos concretos, se ha avanzado mucho en este terreno.
