Según el Informe anual presentado por el observatorio Odismet de la Fundación ONCE
Patricia Encinas. Foto: Javier Lorente
En España, tan solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tiene un empleo tal y como se desprende del Informe 8 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE, Odismet, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) que ha sido presentado hoy en Madrid.
En este sentido, el citado informe señala que la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 26,9%, lo que dista significativamente de la de la población general, que se sitúa en el 66,3%, casi 40 puntos porcentuales de diferencia. En cuanto a la tasa de paro de las personas con discapacidad, se cifra en un 22,5%, frente al 14,7% de las personas sin discapacidad.
No obstante, la contratación de personas con discapacidad ha experimentado durante 2022 un crecimiento del 2,3 % después de una caída del 30% en 2020, según los últimos datos del Servicio Público Estatal.
En cualquier caso, la contratación de personas con discapacidad ha crecido respecto al anterior ejercicio, situación que no se replica para la población general, donde se registra un descenso del 5,5%. Los centros especiales de empleo actuaron como la pieza clave para la inclusión laboral de las personas con discapacidad ya que en 2022 fueron los responsables del 27,8% de los contratos.
El acto de presentación del Informe 8 de Odismet ha sido inaugurado por la secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación ONCE y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, quien ha recordado que, “detrás de los datos hay historias de vida y los estudios y estadísticas son claves para analizar la situación de las personas con discapacidad y gestionar políticas adecuadas para mejorar su inclusión social y laboral. Los datos nos permiten alcanzar conocimientos para ser útiles a las personas con discapacidad y a las empresas que las van a contratar”, ha finalizado.
A continuación, Luis Enrique Quifez, coordinador de estrategia de datos de Fundación ONCE / Inserta Empleo ha explicado las principales cifras que arroja, resumidas en once ideas clave recogidas en una infografía. Así, según los últimos datos disponibles, en España se registran un total de 1.929.400 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,3% del conjunto de nuestra fuerza laboral.
NIVEL FORMATIVO
Respecto al nivel formativo, Odismet identifica en su estudio que el 20,3% de las personas con discapacidad tienen estudios primarios o inferiores, el 61,1% han cursado secundaria y el 18% tienen estudios superiores. Estos porcentajes en la población en general son del 6,1%, 55,8% y 38,1%, respectivamente, lo que evidencia las menores oportunidades para acceder a empleos de mayor cualificación y en general con mejores condiciones laborales.
CONTRATACIONES
En 2022 se realizaron 314.978 contratos a personas con discapacidad, que representan el 1,7% del total de contratos de dicho ejercicio, porcentaje que contrasta con la representatividad de las personas con discapacidad en la fuerza laboral que como se ha indicado es del 6,3%. La contratación del colectivo viene marcada por condiciones precarias e inestables. De los contratos realizados el 88,5% tuvieron carácter temporal, el 39,3% fueron para mujeres y el 7,8% para jóvenes de entre 16 y 24 años.
A su vez, el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad se sitúo en 20.799,3 euros brutos anuales de media, un 17,8% menos que la población general.
Otra de las ideas claves del Informe 8 de Odismet incide en que más de seis de cada diez asalariados trabajan en entornos laborales que no podríamos considerar inclusivos con las personas con discapacidad. Dicho de otra forma, el 60% de los trabajadores en España (con y sin discapacidad), desarrollan su actividad laboral en empresas que no cumplen la cuota de reserva legal (2% de trabajadores con discapacidad en empresas con plantillas de 50 o más trabajadores).
Asimismo, pone de manifiesto el informe que tener empleo no evita el riesgo de exclusión social para las personas con discapacidad ya que la conjunción de las condiciones descritas aboca al 33% del colectivo a situaciones de riesgo de pobreza o exclusión social, porcentaje que se incrementa al 36,3% en el caso de los jóvenes.
Respecto a las prestaciones económicas dirigidas a las personas con discapacidad el 33,2% de personas con discapacidad en edad laboral no perciben prestación alguna.
Por último, el informe destaca el papel fundamental del Grupo Social ONCE para garantizar el sostenimiento del empleo del colectivo ya que cuenta en su plantilla con un total de 42.651 personas con discapacidad, (el 8% de las personas con discapacidad ocupadas en España).
Para cerrar su intervención, Luis Enrique Quifez, ha mostrado la nueva web del observatorio Odismet, más intuitiva y fácil de manejar en la que se han incorporado en el último año importante novedades. Se trata de una web multipaís dado que cuenta ya con datos de países como Costa Rica, Colombia y República Dominicana derivados de la ejecución del proyecto Por Talento Latam con la cofinanciación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). También se ha incorporado una nueva sección para la visualización y exploración en los principales datos que se derivan de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD) y sobre la evolución de la contratación de personas as con discapacidad y el programa de Fundación ONCE Mujeres en Modo On Víctimas de
VIOLENCIA MACHISTA
A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre el futuro del empleo en la era de la Inteligencia Artificial (IA) en la que ha intervenido la subdirectora general adjunta de Estadística e Información del SEPE, Mª Cruz González-Conde; la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; el divulgador de inteligencia artificial Carlos Santana, y la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato.
Para González- Conde “el futuro pasa por la formación que tiene que adecuarse a los puestos de trabajo que las empresas están demandando. Además, es necesario que los servicios públicos de empleo orienten, motiven y sean capaces de convencer a las personas para que consideren la formación de calidad como una prioridad para poder acceder después a puestos de trabajo cualificados”.
Pilar Villarino ha asegurado que las personas con discapacidad no pueden quedar al margen de a IA, “tenemos que estar ahí y hacer que la tecnología sea una aliada de la inclusión, e impulsar la participación de las personas con discapacidad a la hora de crear algoritmos “. En su opinión “hay que tener en cuenta los riesgos de exclusión que representa la brecha digital, defender un enfoque ético y estar vigilantes para que se cumpla”.
Carlos Santana ha defendido que la IA puede ofrecer importantes herramientas para mejorar la educación y enseñar a aprender de una manera muy diferente. En este sentido, ha apostado por “formar a los formadores” para que sepan como orientar a los alumnos en la utilización de la IA. No obstante, ha advertido de que “hay que estar vigilantes para no caer en las trampas que trae la IA, saber evaluar estas tecnologías y cómo se está regulando para que nadie se quede fuera”.
En este sentido ha añadido que la IA, “como toda tecnología en malas manos tiene muchos peligros y como sociedad tenemos que conocerla para poder enfrentarnos a ella”.
Sabina Lobato, ha reconocido que, aunque la tendencia en la sociedad actual es que todo sea más visual, algo que “establece barreras”, también es cierto “que se pueden superar con pautas de accesibilidad. La IA interpreta los lenguajes y esto puede establecer barreras, pero con un uso adecuado también puede dar las soluciones”.
En su opinión, es fundamental, “que las empresas que están adoptando estas nuevas tecnologías se impliquen en reconducir a los trabajadores en su formación para que se adapten a la nueva realidad” y también que adopten soluciones para paliar la destrucción de empleo a la que puede llevar el uso de la IA.
El cierre del acto ha corrido a cargo de la vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz, quien ha defendido la necesidad de contar con datos “lo más actualizados posibles, porque nos permiten tomar decisiones al menos con indicios, así como planifica y comparar distintas realidades. Sin estadísticas tenemos menos voz para defender las necesidades de las personas con discapacidad que reclamamos oportunidades de empleo y respuestas individuales adecuadas a nuestras necesidades”.
