El Tercer Sector de Acción Social propone a los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones generales, que incluyan distintas medidas en sus programas electorales, las cuales “podrían enmarcarse en un Plan de Apoyo y Modernización del Tercer Sector y de impulso de la iniciativa social”, con el objetivo de que las entidades que lo componen puedan ocupar la función que les corresponde en la sociedad y contribuir “de un modo más activo” a la salida de la actual crisis.
Según plantea, el plan de modernización del Tercer Sector ha de estar pensado desde la perspectiva de la innovación social, es decir, de la búsqueda de respuestas a las actuales necesidades sociales, en las que se incorporen nuevas formas de trabajo, nuevos instrumentos y herramientas, métodos de activación de las personas, de canalización de la participación social, etc.
Entre las medidas que propone destaca la constitución de una Ley del Tercer Sector de Acción Social, ya que el marco regulatorio que ampara a las entidades que lo componen resulta “inadecuado” para la función que desempeñan en la sociedad y sus retos. En este sentido, según indica, “se necesita un nuevo marco legislativo más acorde con la realidad y la evolución que el sector ha tenido en los últimos años”.
Otra de las demandas que realiza es la creación de mecanismos adecuados de interlocución y de diálogo civil. “Es necesario crear las bases para que en nuestra sociedad se desarrolle el diálogo civil, que va más allá que el diálogo social, dado que ha de ser el espacio en donde se favorece la participación y la consulta de la ciudadanía en los temas clave sobre el desarrollo de la sociedad y la gestión de asuntos públicos”, indica.
Así, señala que el Tercer Sector de Acción Social debe ser “un actor clave” en el desarrollo del diálogo civil y participar “activamente” en el diálogo social a través de: la creación de sistemas de interlocución, consulta y participación “estables”, abordando el conjunto de las políticas sociales; formar parte del Comité Económico y Social; o profundizar y mejorar los niveles de participación sectorial, dotándole de una agenda “más adecuada y más estable”, así como de los medios necesarios, ampliando su interlocución al conjunto de ministerios que se ocupan de las políticas sociales.
En este sentido, también supondría establecer un sistema de “diálogo permanente” con el Parlamento de cara a favorecer la participación en los procesos legislativos, por medio de la creación de una Comisión Permanente sobre Tercer Sector de Acción Social.
Por otra parte, propone el desarrollo de un sistema de financiación “más justo, adecuado y sostenible”, ya que el entorno de financiación en el que se mueve el sector es “claramente precario y se está deteriorando en las actuales circunstancias económicas”.
Por ello, el Tercer Sector de Acción Social necesita conseguir un nuevo marco de financiación que avance en: la aprobación de una Ley de Subvenciones específica para el Tercer Sector; realizar aquellas modificaciones normativas necesarias que eviten que el sector esté en desventaja competitiva; encontrar un marco de financiación “más estable”, potenciando los sistemas de convenio y programas marco de duración plurianual para aquellas actividades que realiza el sector; o la aprobación y aplicación de un plan de contratación socialmente responsable de las Administraciones Públicas.
Asimismo, también hace referencia al avance en la identificación de fórmulas adecuadas de acceso al crédito; el establecimiento de una base “estable y suficiente” para la financiación de programas de acción social; el incremento del porcentaje hasta alcanzar el 1% de la cuota de los contribuyentes en el IRPF; o en equiparar los incentivos fiscales y elevarlas hasta el 50%.
Por último, destaca cómo este nuevo marco de financiación influiría también en el fortalecimiento de las estructuras representativas del Tercer Sector; el apoyo al desarrollo de programas para la incorporación de procesos de mejora continua, calidad, eficacia y la “máxima” transparencia financiera y de gestión; y en potenciar el papel de las entidades no lucrativas de iniciativa social en la gestión de servicios y prestaciones a las personas con discapacidad.
El Tercer Sector de Acción Social está formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria, tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados grupos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.
Actualmente, en España integran el TSAS en torno a 29.000 entidades, en las que trabajan más de 500.000 personas remuneradas (2,5% del empleo en nuestro país) y cerca de 900.000 personas voluntarias, que prestan servicios de apoyo directo a 8 millones de personas, mayoritariamente en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Estas organizaciones actúan en campos como: la discapacidad, la infancia, la juventud, las personas mayores, las drogodependencias, personas enfermas y promoción de la salud, la inmigración, la población gitana, las personas sin hogar, etc. y desarrollan acciones como la sensibilización, el fomento de la participación social, la investigación, el acompañamiento a las personas, la puesta en marcha de acciones de formación y empleo, centros de acogida y residenciales, asistencia directa, etc.
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