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Redacción
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, reiteró en el Parlamento su petición de que “en el sistema de reparto de subvenciones del 0,7 % del IRPF para fines sociales se garantice una financiación suficiente de los programas estatales que desarrollan las entidades del Tercer Sector de carácter estatal, porque a través de ellos se asegura la cohesión de la actuación de las entidades de los distintos territorios y se fortalecen su unidad de acción y las economías de escala en los aspectos organizativos y de infraestructura”.
Ante la Comisión Mixta Congreso y Senado para la Coordinación y Seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Poyato vinculó esta demanda histórica del sector con el anuncio del Gobierno de impulsar una ley marco de servicios sociales que asegure “una cartera de servicios básicos comunes para todo el territorio”.
Desde hace años “venimos defendiendo la necesidad de que el Estado garantice la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de los derechos sociales independientemente del territorio, tal y como prevé el artículo 149.1.1 de la Constitución”, recalcó.
A su juicio, “las comunidades autónomas tienen ciertamente la competencia exclusiva sobre lo que el artículo 148 (de la Constitución) denomina ‘asistencia social’, que no debería ser confundido con cualquier tipo de política social”.
Defendió así que “junto a la primera línea de la responsabilidad autonómica, ha de sumarse la responsabilidad estatal de que la dimensión social del estatuto de ciudadanía tenga un contenido mínimo común en todo el país”.
Por otro lado, Poyato aplaudió la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 impulsada por el Gobierno, aunque reclamó una “presencia más activa” del Tercer Sector en su diseño, desarrollo y evaluación.
En general, valoró de forma “muy positiva” el primer ‘reto país’ que dicha estrategia recoge, que busca poner fin a la pobreza y a la desigualdad, y consideró “acertadas” las líneas de actuación referidas al modelo de inclusión personalizado, la creación de una red estatal pública de cuidados, el fomento de la economía social y la puesta en marcha de una cartera de servicios sociales básicos.
REPENSAR LOS CUIDADOS
Aseguró que “el Tercer Sector tiene una gran experiencia" que aportar en todas ellas, en especial en todo lo referente al sistema de cuidados. En su opinión, “las propuestas de desinstitucionalización van en esa dirección, y la experiencia trágica que hemos vivido durante la pandemia con las residencias ha puesto de manifiesto la perentoria necesidad de repensar el modelo".
“De nuevo, en este ámbito de los cuidados, las entidades del Tercer Sector, por nuestra experiencia y por nuestros valores, tenemos mucho que decir y que aportar en la configuración de un modelo de éxito”, subrayó.
Finalmente, pidió que la estrategia recoja “una política específica de fortalecimiento del Tercer Sector como vector de canalización de la energía ciudadana a favor de los ODS”. Esto pasa por “establecer un marco estable y seguro de sostenibilidad e impulso, que permita a las entidades desarrollar sus actividades en un marco de continuidad”, defendió.
Además, prosiguió, requiere “mantener un diálogo abierto, transparente y regular (como establece el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea) con las organizaciones de la sociedad civil”. Por todo esto, “creemos que en el marco de la Estrategia debe ponerse en valor el papel del Tercer Sector como actor relevante en la consecución de los ODS”, concluyó Poyato.
