Cinco de los seis principales partidos políticos que se presentan a las elecciones generales, todos menos el Partido Popular, han coincidido en la conveniencia de reformar la Constitución de 1978 para blindar los derechos sociales de todos los españoles. Además, PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida manifestaron su disposición a aprobar una renta mínima para los ciudadanos, mientras que UPyD reclamó más ayudas a la infancia y la familia.
Así se puso de manifiesto durante un debate organizado por la agencia Servimedia en el que los responsables sociales y económicos de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD anunciaron algunas de las propuestas que llevarán a la cita con las urnas del 20 de diciembre en beneficio de las entidades sociales y las personas a las que atienden.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, explicó que su organización propone diez líneas de trabajo para la próxima legislatura, entre las que destacó reformar la Constitución española de 1978 para "reconocer los derechos sociales como derecho fundamental", impulsar las competencias sociales de las comunidades pero con igualdad de servicios para los ciudadanos porque ahora "no se atiende de manera equitativa", poner en marcha un "plan urgente de rescate de las personas" y desarrollar la Ley del Tercer Sector que han aprobado este mismo año las Cortes Generales.
Todas las formaciones, excepto el PP, estuvieron de acuerdo en modificar la Constitución para reconocer las prestaciones sociales como un derecho básico para todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan. Además, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos apostaron, con matices, por crear una renta mínima estatal que percibirían unas 2 millones de personas que se encuentran en una situación de exclusión.
El debate fue especialmente acalorado con el secretario sectorial de Servicios Sociales del PP, José Ignacio Echániz, al que los demás partidos acusaron de hacer "un relato sesgado y absolutamente impresentable" de la evolución de los derechos sociales en España, de tener una visión "demasiado optimista" sobre lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho esta legislatura en materia social y de seguir culpando de todos los males del país al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Echániz se mostró "profundamente orgulloso del tejido social" que tiene España y aseguró que "nadie se ha quedado en la cuneta" por el "tsunami" que ha asolado el país durante la crisis económica. Presumió de que el PP recibió en 2011 una nación "en riesgo de muerte" que ha dado la vuelta a la destrucción de empleo y que ha evitado un rescate como el de Portugal o Grecia, donde los ciudadanos se han visto empobrecidos con recortes de las pensiones que aquí no se han producido. También destacó la aprobación de la nueva Ley del Tercer Sector como una medida "pionera" en los países desarrollados y que "nos sitúa en el primer lugar de Europa en derechos de las entidades sociales".
BLINDAR LA X SOCIAL DEL IRPF
Entre las medidas que el PP incluirá en su programa electoral, Echániz aseveró que hay que blindar el 0,7% de la declaración del IRPF para proyectos sociales, reformar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar barreras de accesibilidad y reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar.
Por su parte, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Luisa Carcedo, apostó por "reforzar los pilares del Estado del bienestar" y así mejorar la prestación de servicios sociales, ya que considera que "con una red potente del sector público" se podrá conseguir una "mejor cobertura" para los ciudadanos.
Carcedo se mostró partidaria de reformar la Constitución para proteger estos derechos y también pidió una "subida del Salario Mínimo Interprofesional" como solución para combatir el incremento de la desigualdad en España, convencida de que esta medida "es más importante que cualquier plan de lucha contra la pobreza" porque resuelve el problema de fondo.
El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero, portavoz de Servicios Sociales y Familia del partido en la Asamblea de Madrid, destacó que la Ley del Tercer Sector que se ha aprobado esta legislatura "no es papel mojado" sino "un hito importante" y "un buen inicio" para trabajar en los próximos años, aunque ahora mismo pueda parecer "insuficiente".
Reyero coincidió en la oportunidad de aprovechar una reforma de la Constitución para incluir una "nueva sección" que incluya "un reconocimiento de los derechos sociales", aunque como paso previo aseguró que debería aprobarse en el conjunto de España una "ley marco o ley básica de servicios sociales" que garantice una prestación equitativa en todas las comunidades para todos los ciudadanos.
Por su parte, el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Segundo González, declaró que España atraviesa una "situación de emergencia" por las elevadas cifras de paro y los perjuicios sociales que ha generado la crisis económica, de la que culpó en gran medida al Partido Popular hasta el punto de criticar que en políticas sociales se comporta "como un pirómano ejerciendo de bombero forestal".
González reconoció que el Tercer Sector ha jugado en estos años de crisis económica un "papel fundamental" al poner "un parche" a la situación dramática de muchas personas que, sin estas acciones, habrían vivido "una situación aún peor".
PRIVILEGIOS EN CONTRATOS PÚBLICOS
El secretario de Economía y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, criticó el "modelo social perverso" que, a su juicio, tiene España y que ha facilitado que el paro se duplique durante la crisis económica, lo que le llevó a reclamar un "plan de emergencias social temporal" para salvar a los más damnificados pero sin sustituir "caridad por justicia".
García Rubio abogó por avanzar hacia "un modelo de derechos sociales" en el que el Tercer Sector "no tiene que ser específico ni complementario, sino un sector clave". Como propuesta, reclamó "abrir ventanas" en la legislación actual "para que la contratación pública privilegie" a estas entidades porque está convencido de que "la economía social es un pilar fundamental".
La eurodiputada y responsable del programa electoral de UPyD, Maite Pagazaurtundua, ensalzó el trabajo que las entidades del Tercer Sector han desarrollado durante la crisis económica y que "están resolviendo o por lo menos paliando algo de lo que el sector público no está siendo capaz de resolver porque sus tiempos son lentos y concitar consensos es complicado cuando hay egoísmos nacionales".
Pagazaurtundua apoyó que la Constitución española pueda ser reformada para blindar los derechos sociales, al considerar que se trata de un "enfoque muy original" y que permitiría conseguir que "las prestaciones sociales no sean distintas en lugar de otro territorio". Además, respaldó la petición de la Plataforma del Tercer Sector "que tiene todo el sentido" para formar parte del Consejo Económico y Social Europeo, al igual que García Rubio.
Finalmente, Luciano Poyato subrayó que la fuerza de la Plataforma del Tercer Sector radica en las instituciones que la componen y en que todas juntas buscan "defender los intereses de los más desfavorecidos", especialmente desde Cruz Roja, Cáritas, ONCE y su Fundación, la Red de Lucha contra la Pobreza, la Plataforma de ONG y el mundo de la discapacidad con el Cermi a la cabeza.
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