El Tribunal Supremo falla a favor del actual sistema de 0,7% de IRPF social

El Supremo ha estimado en su sentencia que el decreto "no incluye en sus materias la asistencia social", sino que "las subvenciones de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar", tales como actividades educativas o de inserción laboral, entre otras.

Desde la plataforma explicaron que a pesar de que estos fondos representan únicamente alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las comunidades autónomas, en los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, provocando una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los programas que desarrollan "son especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en nuestro país, dados los efectos aún notables de la crisis económica, social y ambiental y la difícil situación en que nos encontramos, al estar viviendo el Gobierno en funciones más largo de la historia de la democracia española".

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector Luciano Poyato, celebró la decisión del Tribunal tras "más de una década dependiendo de presupuestos anuales en ocasiones sin estabilidad", que han mantenido al Tercer Sector "en una amenaza continua". Además, afirmó que las necesidades de las personas "no pueden depender de conflictos políticos ni jurídicos, sino de una política de consenso".

Por ello, Poyato añadió que "debe existir un consenso sobre cómo actuar o prevenir esta situación", y que permita "la realización de actividades de reequilibrio territorial que garanticen que cada persona, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia, disfrute de la misma atención social".

SISTEMA "CONFORME A DERECHO"

Por su parte, el vicepresidente de Incidencia Política e Impulso Normativo de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, explicó que la sentencia "desestima todas y cada una de las objeciones presentadas por la parte recurrente", y declaró que el sistema actual de distribución de subvenciones es "plenamente conforme a derecho". Según Pérez Bueno, "no hay dudas ya para la estabilidad y continuidad del modelo", por lo que "el gobierno puede y debe convocar ya las subvenciones del presente año".

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector se mostró satisfecho por la permanencia de "un instrumento válido, valioso y útil que mira a las necesidades reales por encima de los conflictos competenciales".

Por su parte, la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, destacó que se trata de "un día de celebración" por una sentencia "que supone ganar una batalla muy importante, aunque no la guerra, para que la justicia ambiental y social y la solidaridad global sean una realidad". Asimismo, Ruiz defendió que los ecologistas no defienden "animales y plantas" sino que trabajan por "mucho más, defendiendo calidad de vida y asegurando el futuro de las siguientes generaciones".

Finalmente, la presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde), Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, señaló que la sentencia del Tribunal supone "un primer paso", que refleja "la fuerza de la unión" del sector, que "despeja el camino para conseguir alcanzar un modelo estable y sostenible de financiación del sector". Ruiz-Giménez afirmó que las entidades de cooperación al desarrollo "llegan a 35 millones de personas a través de la acción en más de 100 países", por lo que seguirán trabajando para "pedir más" al futuro Gobierno, y conseguir "que este primer paso no quede ahí".

Las entidades, que estuvieron apoyadas por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), representan a miles de organizaciones que trabajan en cooperación al desarrollo, medioambiente y la acción social, y que, en el marco de estas ayudas, gestionan casi 300 millones de euros para proyectos finalistas (ayudas directas a personas), que benefician anualmente a seis millones de personas.

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