La aprobación por el Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE 
) del Dictamen INT/570-Mercado Europeo de los Contratos Públicos, relativo al "Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE, hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente", supone, según sus impulsores, "un espaldarazo definitivo en la posición de la Comunidad Europea en relación a la posibilidad de incluir importantes cláusulas sociales en la contratación pública".
A juicio de Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE en representación de Cepes y coponente del dictamen, y del experto Germán Alonso-Alegre, socio del despacho Mazars, dicho dictamen, aprobado el pasado 13 de julio, incluye dos trascendentales recomendaciones con vistas a conseguir la plena inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
Por un lado, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y en aras de la inserción social, el CESE recomienda expresamente la adjudicación obligatoria de un número o porcentaje determinado de contratos específicos a Centros Especiales de Empleo en aquellos Estados miembros en los que exista un número importante de personas con discapacidad que pueden trabajar pero que siguen inactivas, como ocurre en España.
Por otro lado, el Comité recomienda que se exijan declaraciones firmadas de las empresas avalando el cumplimiento de las disposiciones legislativas aplicables en cada Estado en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, el requisito legal de tener un 2% de trabajadores con discapacidad en las plantillas de las empresas de 50 o más trabajadores.
RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
En opinión de ambos expertos, la aprobación del citado dictamen del CESE es una clara prueba de la importancia que en el ámbito de la contratación pública europea está adquiriendo la utilización de medidas sociales y, en concreto, de medidas para la plena integración en el ámbito laboral de las personas con discapacidad.
El dictamen, elaborado por la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo del Comité Económico y Social Europeo, subraya que "la responsabilidad respecto de la contratación pública incumbe, en primer lugar, a las autoridades nacionales, regionales y europeas, que deben encontrar en cada caso, en el marco de las directivas, un justo equilibrio entre diferentes exigencias sociales como la innovación, la protección del medio ambiente, los aspectos sociales (incluida la normativa social en materia de discapacidad) y la eficiencia, las fases de producción, los costes, el número de proveedores, los posibles resultados de los contratos, etc.".
En relación con las competencias en materia de contratación pública, el dictamen establece que "sería conveniente obligar a los poderes adjudicadores a asegurarse de que los licitadores satisfacen (...) las normas sociales (entre otras, las relacionadas con la integración de las personas con discapacidad)".
Otra medida social necesaria en este ámbito consistiría, agrega el dictamen, en "definir las especificaciones técnicas de manera que se tengan en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad y la concepción para todos los usuarios".
A juicio de Cabra de Luna, que es también director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, actualmente existen los medios para que en un plazo más o menos corto pueda conseguirse la plena inclusión de las personas con discapacidad, pero su consecución efectiva requiere de la decidida concienciación e intervención de todas las Administraciones Públicas.
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