Un estudio analiza la repercusión en de los planes de austeridad en el sector de la discapacidad

El encuentro, mantenido en la sede de la Comisión Europea (CE) en Madrid, ha contado con la participación de Sarah Lambert, directora adjunta de la representación de la CE en España y que fue responsable de la apertura del acto; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi; André Gubbels, director general de personas con discapacidad del Servicio Federal Belga de Seguridad Social; Jans Spooren, secretario general de la Plataforma Europea de Rehabilitación (EPR) y Coordinador del estudio en BPI Group; y Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE en representación de CEPES.

Alberto Durán, se refirió a la importancia de este estudio dado que presenta una “radiografía sociológica” de la discapacidad en España y Europa derivada de los anteriores momentos de la bonanza económica y de los actuales momentos de austeridad fruto de la crisis.

Si algo destacó Durán fue la especial vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad ante la exclusión social que hoy por hoy les amenaza con mayor fuerza y que se traduce en un incremento de la tasa de pobreza y en un descenso de la formación y el empleo, con especial influencia en las mujeres con discapacidad.

Entre las preocupaciones citadas por el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE destacan las referentes a la importancia de los Centros Especiales de Empleo, vistos como un modelo exigente en España a la par que rentable –tal y como muestra un estudio de KPMG por el por cada euro invertido, hay un retorno de 1,4 euros-; la importancia de desarrollar el bloque legislativo relativo a la autonomía y cómo abordar el tema de las familias de las personas con discapacidad que cada vez han de soportar mayores cargas económicas y asistenciales.

“En España tenemos una normativa sobresaliente. Nuestro reto ahora es el de impulsarla y hacer que se cumpla. Tenemos que concienciar a todas las partes implicadas, administración pública y agentes privados para que los ajustes se hagan con solidaridad e inteligencia”, concluyó.

RETOS

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno centró su intervención en los retos del presente fruto de las dificultades económicas. Estos retos los planteó desde dos planos, el de las personas con discapacidad y sus familias y las políticas públicas, y la perspectiva de la estructura asociativa que integra el movimiento de la discapacidad.

Respecto al plano de las personas con discapacidad, sus familias y el sector público, Pérez Bueno manifestó la necesidad de, al menos, mantener las cuotas de inclusión y normalización ya alcanzadas desde la democracia, valorando la situación de la discapacidad de “precaria incluso en los momentos de bonanza, aunque también hayamos conseguido mejoras en protección social, autonomía y un mínimo de dignidad vital que hay que intensificar”; citó la necesidad de “activar a las personas con discapacidad” no sólo en materia de empleo, también en la toma de conciencia, esto es “no esperar a la caridad o a la beneficencia, sino tener una voz propia para atender nuestras propias necesidades y contribuir a la sostenibilidad del colectivo”.

Finalmente, y siempre en este plano, opinó que hay políticas públicas que pueden adoptarse y no implican coste económico alguno, “sólo voluntad y audacia por parte del Gobierno”, como, por ejemplo, el hecho de que 80 mil personas con discapacidad estén privadas del derecho de sufragio, “modificar la ley electoral general no comporta coste alguno”. A este respecto, Pérez Bueno explicó el término ‘agenda amable’, por la cual las administraciones públicas pueden contar con las propuestas del movimiento asociativo que pueden llevarse a cabo con coste cero.

Respecto al plano de la estructura del movimiento asociativo, el presidente del Cermi constató algunas carencias centradas en la falta de coordinación de instituciones que tratan diversos sectores sociales. “La diversidad es una riqueza, pero puede ser una debilidad a la hora de aspirar a ciertos retos. Los distintos movimientos sociales hemos actuado al margen los unos de los otros en España y en Europa, y juntos podríamos haber formado una mayor base social”, concluyó animando a internacionalizar las actuaciones de las instituciones sociales más allá de la UE.

SERVICIOS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMAS DAÑADOS

Jans Spooren, quien hizo un resumen de la visión general del estudio, destacó la voluntad desde hace años de elaborar un informe similar al presentado hoy por parte del Centro Europeo de Fundaciones, y en el que se identificaran las principales dificultades de las personas con discapacidad más allá de las meramente económicas.

Su exposición se centró en la evaluación de los sistemas sociales y de los beneficios de la seguridad social para las personas con discapacidad afectados por la crisis. Spooren resaltó que con el crecimiento de la crisis y del desempleo ha subido la demanda de servicios sociales, una demanda que será más larga en el tiempo. “Aunque se reactive la economía, el sector social necesitará más tiempo para recuperarse”.

El empleo fue especialmente abordado por Spooren, ya que “es la manera que tienen las personas con discapacidad de ser independientes y conseguir la inclusión social”. Pero también trató otros temas como el de la educación, la falta de inversión en innovación o la reducción de los pequeños proveedores que cubrían las necesidades de familias a escala local y que, con la crisis, han acabado por fusionarse o desaparecer, cargando a dichas familias con sistemas de copago y responsabilidades que no pueden asumir.

Además, en materia de Seguridad Social, analizó las modificaciones realizadas en algunos países como la supresión de algunos beneficios antes percibidos por las personas con discapacidad en edad de trabajar por no tener en cuenta la discapacidad en sí misma, sino el contexto familiar en el que se encuentran. “Los ingresos pasan por una condición de idoneidad”, asegura.

Andre Gubbels, quien resumió el panorama social belga de las personas con discapacidad, se preguntó si los servicios que se prestan se realizan de manera eficaz y si las prioridades establecidas son adecuadas. “Queremos prevenir la pobreza en las personas con discapacidad, pero primero hay que ver en qué punto estamos y si pueden participar de manera equitativa en la sociedad”. Una desigualdad, insistió, que puede prevenirse a través del empleo como fuente de ingresos, autonomía y sociabilidad.

A este respecto, Gubbels ha hecho especial hincapié en los gastos adicionales a los que se enfrentan las personas con discapacidad y que han de tenerse en cuenta. “Aunque una persona con discapacidad tenga los mismos ingresos que otra sin discapacidad, tiene asociados una serie de gastos que influyen directamente en su calidad de vida”.

CLAUSURA

Miguel Ángel Cabra de Luna fue el responsable del cierre de la sesión, y lo hizo recordando que “compartimos la misma meta que es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Respecto al estudio presentado, Cabra de Luna afirmó que este colectivo “acaba por pagar las consecuencias de los recortes y de la austeridad, una austeridad que incrementa el riesgo de exclusión social y merma los derechos sociales inhibiendo, al mismo tiempo, el progreso hacia la consecución de los objetivos fijados en la Estrategia de la UE 2020. “No es el momento de retroceder. Convergencia y filantropía son esenciales para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias”, concluyó.

Nathalie Domínguez / Fotos: Carmen Sayago