El número de casos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, referidos a la discriminación y a la falta de igualdad de oportunidades, está experimentando un incremento. La mayoría están relacionados con la falta de acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión escolar de niñas y niños con discapacidad.
Esta conclusión se extrae del IV Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad de España, correspondiente a 2011, que aborda la calidad y efectividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España y que ha elaborado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
), en calidad de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación en España de la de la Convención de la ONU.
Este informe del Cermi, que destaca que el número de consultas atendidas se ha mantenido con respecto a 2010, con una subida neta de 20 consultas más, pretende identificar situaciones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Constitución Española y en la propia convención.
Así, el informe indica que el número de consultas que reclaman el respeto al derecho de no discriminación por razón de discapacidad sigue aumentando, ya que en 2009 suponía un 3% del total de consultas y pasó a ser el 9% en 2010; mientras que en 2011 las reclamaciones con base en la Liondau o en la convención, han sido de 85, el 20% del total de consultas, frente a las 35 del año 2010.
"Esto supone un incremento constante de la percepción de las personas con discapacidad en relación al respeto de sus derechos en igualdad de oportunidades", apunta.
También resalta, entre otras cuestiones, que el empleo sigue siendo uno de los ámbitos en los que mayor número de consultas se reciben. En 2011 fueron 98 consultas (un 22% del total), de las cuales, 33 estaban relacionadas con empleo público -un número "sensiblemente" inferior a las registradas en el 2010, que ocuparon la mitad de las 81 consultas recibidas en el ámbito del empleo.
En este sentido, las cuestiones más conflictivas que han atendido en materia de empleo siguen siendo la adaptación de las pruebas de acceso y de los puestos de trabajo y las relacionadas con los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.
En materia de educación, los casos de educación obligatoria de niñas y niños con discapacidad suponen el 75% de los conflictos, en numerosas ocasiones, "con una clara vulneración de sus derechos"; y, por otra parte, en cuanto a las consultas sobre el derecho de vida independiente e inclusión en la comunidad y otros relacionados con la vida autónoma "suman un importante número" y ascienden a 73.
Según el informe, todas estas cuestiones "revelan obstáculos y falta de medidas para lograr una inclusión plena en la comunidad y ocasionan a la persona situaciones de dependencia por causas extrínsecas, que deberían ser solventadas para alcanzar la igualdad plena y efectiva de derechos".
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