De ellas, más del 65% creen que su salud empeoró por este motivo
Redacción
El 33,5% de las personas con discapacidad no recibió los servicios y prestaciones sociales que precisaba durante la pandemia, según un estudio sobre el impacto de la Covid-19 en este colectivo impulsado por la Dirección General de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. De ellas, un 65,2% consideran que su salud física empeoró por esta falta de servicios y el 63% creen que lo hizo su salud mental. Realizado a partir de 4.351 encuestas a personas con discapacidad, familiares, profesionales de las administraciones públicas y responsables del tercer sector entre junio y octubre de 2020, el trabajo destaca en cambio que un 30,2% de las personas con discapacidad sí recibió los servicios y prestaciones sociales que requerían, aunque fuera de forma limitada o incompleta.
Según la directora del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, Elena Ortega, el 78% de las personas con necesidades no cubiertas tuvieron que recurrir a más ayuda de sus familiares, y eso limitó su autonomía personal (74%) y empeoró su calidad de vida (76%). Agregó que siete de cada diez personas con discapacidad vieron empeorar su estado de ánimo por esta falta de servicios.
En cuanto a la salud, el 62,5% de las personas con discapacidad asegura que tuvo que recibir atención sanitaria por “motivos imprevistos”. De ellas, el 70,1% considera que esta fue “peor o mucho peor” que antes.
Por otra parte, un 35,7 % de los encuestados opina que las personas con discapacidad han tenido algunas (19,1 %) o muchas (16,6 %) dificultades para recibir atención médica debido precisamente a su discapacidad.
Por lo que respecta a la educación, a ocho de cada diez personas con discapacidad de 6 años o más que en ese momento estaban estudiando su centro les posibilitó seguir las clases en casa “con todos los recursos y medios a su alcance”.
El 20% restante no tuvo ese respaldo, aunque el 8,3% pudo seguir estudiando por su cuenta en casa o con la ayuda de alguien externo al centro educativo. “Lamentablemente”, el 11,5 % no logró seguir con su plan formativo. La mayoría de los estudiantes han tenido problemas derivados del estudio desde el hogar.
Según Ortega, el 27% de los estudiantes afirmó que fue “bastante difícil” seguir con la formación desde casa y un 4%, que lo fue “mucho”. Eso no impide que entre quienes pudieron continuar con sus estudios, la mayoría realiza “una valoración positiva del apoyo ofrecido desde el centro de estudios (70,3 %)”, agregó.
PASEOS TERAPÉUTICOS
En el capítulo de derechos básicos, la investigación revela que un 69,4 % de las personas encuestadas realizó “salidas terapéuticas” durante la fase de confinamiento y que, entre estas, el 43,5 % sintió que sus vecinos les apoyaban y respetaban.
El 14,5 % no pudo salir a la calle acompañado de otra persona y un 7,7 % asegura que, en alguna ocasión, la policía le paró y le pidió que enseñara el certificado de reconocimiento de discapacidad o algún informe médico. El 6,4 % admiten que les han insultado o gritado por haber salido a la calle.
Por otro lado, Ortega destacó que un 42,4% de los participantes dice no haberse sentido discriminado o no considera que le hayan tratado peor que al resto de la población; aunque uno de cada diez sí cree que le han tratado peor que a las personas sin discapacidad a la hora de recibir prestaciones y ayudas.
Así lo estiman el 11,5 % en el ámbito de los servicios sociales; el 9,9% en la atención y los tratamientos médicos; el 9,5% en el espacio público, y el 9,5% a la hora de conseguir o mantener un trabajo.
En este terreno, el 38,4 % de los encuestados mantenía el empleo que ocupaba con anterioridad a la pandemia. El 33,7% seguía en el mismo trabajo que tenía entonces y el 4,7% también había mantenido el empleo, aunque en la actualidad se encontraba en situación de ERTE. En cambio, el 12,9 % de participantes había perdido su trabajo de los últimos meses.
En cuanto a las condiciones laborales, la mayoría de las personas trabajadoras afirman que estas siguen sin cambios. Sin embargo, una de cada cuatro considera que la carga de trabajo que tiene en la actualidad ha aumentado (26,7 %); el 16,5 % trabaja más horas que antes, y dos de cada diez afirma que su salario mensual se ha visto reducido (19,9 %). El 35 % de las personas con empleo reconocen haber trabajado desde casa en alguna ocasión durante la pandemia.
Por último, el estudio destaca que el impacto de la Covid-19 fue “mucho mayor” en las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental, mayores de 75 años o menores de 16 y en aquellas con menor formación en todos los ámbitos analizados.
CONCLUSIONES
La investigación combina encuestas generales con un análisis más pormenorizado de la opinión de los expertos mediante el método Delphi para la búsqueda de posibles soluciones.
Todos coinciden en que la falta de recursos humanos fue el principal problema de la crisis, sumada a la necesidad de una atención más individualizada y a la poca accesibilidad a la información y a los servicios por parte de estas personas.
Así sucedió por ejemplo en el ámbito de los servicios sociales, la educación y la salud, donde personas con discapacidad y expertos piden más medios humanos, la modernización de las infraestructuras y materiales y contenidos accesibles.
También exigieron políticas públicas para fomentar el empleo ordinario y con apoyo, destinar más fondos a los Centros Especiales de Empleo y garantizar las condiciones de seguridad.
Finalmente, el trabajo destaca la necesidad de “personalizar los apoyos”, tanto en el mundo laboral como en el educativo, sanitario y asistencial, y defiende evolucionar desde el actual modelo de institucionalización en residencias hacia un sistema donde estas personas puedan vivir en comunidad
