El Parlamento Europeo ha acogido una audiencia entre expertos en materia de discapacidad con el objetivo de debatir algunos de los principales temas pendientes, el más destacado, la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre los ponentes estuvo presente Astrid Eichstaedt, defensora del pueblo en Europa sobre cuestiones de discapacidad; Martha Stickings, miembro de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales; Catherine Naughton, directora del Foro Europeo de la Discapacidad; Inmaculada Placencia, responsable de la unidad sobre Discapacidad en la Comisión Europea; Damjan Tatic, miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cuanto a la sesión destinada al turno de peticines, destacó la intervención de Chiara Bonanno, asesora para el reconocimiento de la atención familiar en Italia; Leonor Lidón-Heras, representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Judith Klein, directora de la Iniciativa de Salud Mental, Fundaciones de la Sociedad Abierta; Diana Indjova, presidenta del consejo ejecutivo del Movimiento de Personas con Discapacidad de Bulgaria; Kevin Cutajar, abogado, miembro fundador de la Federación Gozo de Personas con Discapacidad; Albane Prophette-Pallasco, miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El encuentro fue aprovechado para la presentación del estudio de Mark Priestley, del Centro de Estudios sonre Discapacidad en la Universidad de Leeds, "El papel protector del Comité de Peticiones en el contexto de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
Rosa Estarás, moderadora de la Comisión de Peticiones, dijo que había algunas observaciones positivas a favor de la UE, pero también se le solicita una serie de cuestiones que forman parte de la voluntad política, por lo que hacer debates como estos permiten priorizar aspectos como la adaptación de la legislación comunitaria. "Eso no vale dinero, eso es voluntad", señalaba Estarás.
Astrid Eichstaedt, explicó el funcionamiento de su institución, el Defensor del Pueblo Europeo, y recordó que este organismo admite cualquier queja relacionada con la mala administración europea. "Trabajamos para que la UE sea más accesible y visible para que las personas con discapacidad sepan que pueden disponer de nuestra atención". Asimismo, destacó la necesidad de una mayor implicación por parte de la UE ya que, el hecho de que la UE no sea gestora de los fondos que ya ha otorgado, no es motivo para que no se implique en su uso erróneo.
Martha Stickings, afirmó que las medidas adoptadas sólo son útiles si se integran en las legislaciones y se aplican en la práctica. "La oportunidad de presentar una queja es importante para el cumplimiento de los derechos, es la base para que lo que está escrito se traduzca en hechos palpables para las personas con discapacidad". Lo que la ponente destacó fue la necesidad de incrementar la información a todas las personas y colectivos de las personas con discapacidad sobre sus derechos, teniendo en cuenta que muchas personas no saben de qué derechos disponen y, por lo tanto, cúales son vulnerados, ni siquiera saben cómo presentar una reclamación existiendo órganos para ello. Asimismo, destacó que las organizaciones de personas con discapacidad tienen la posibilidad de fomentar reclamaciones de individuos, pero estos órganos necesitan más datos profundos para robustecer sus decisiones y argumentos.
Por su parte, Catherine Naughton, justificó la presencia del EDF por basarse su organismo en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la correcta aplicación de la legislación comunitaria. Por primera vez, la UE recibió en septiembre recomendaciones de la ONU sobre la aplicación de la Convención antes de 2019 como plazo, recordó Naughton. Sin embargo, entre las cuestiones más urgentes e inmediatas se encuentran la adopción de la ley de accesibilidad europea, el marco del control independiente y la revisión de la legislación. Entre las conclusiones se recomienda asimismo que la UE establezca puntos focales en todas las instituciones. Hasta ahora, la discapacidad está sólo en la Comisión Europea, pero se pide que en todas las instituciones esté presente y haya un mecanismo de coordinación.
Inmaculada Placencia, habló sobre cómo la CE va a reaccionar tras la recepción del informe de conclusiones de la ONU. "Las recomendaciones fueron bien acogidas", señaló Placencia. "Hemos distribuido las recomendaciones a todas las partes relevantes como lo ha exigido el Comité y estamos preparando diversas acciones para garantizar la aplicación correcta". Asimismo, informó sobre la planificación de encuentros con organizaciones de la sociedad civil para debatir estas recomendaciones y su aplicación y reuniones internas entre las diversas direcciones de la CE para dar a conocer dichas recomendaciones. Los encuentros incluyen una consulta pública al respecto que trata de manera específica a las personas con discapacidad intelectual, "que nos permitan evaluar los progresos realizados en la Estrategia". En este marco, la CE está concluyendo la preparación del acta europea de accesibilidad entre otras iniciativas a corto plazo, como la lucha contra la pobreza, el desarrollo, la aplicación de los fondos estructurales, en materia de género la redefinición del equilibrio entre la vida privada y laboral.
Placencia recordó que los próximos 7 y 8 de diciembre, la Comisión organizará con el EDF un For con motivo del Día europeo de las personas con discapacidad y en la que estarán presentes todos los agentes sociales y ONG. El desarrollo de estadísticas e indicadores estará entre las actuaciones, lo que permitirá medir, por ejemplo, el riesgo de pobreza. Asimismo, la ponente aprovechó para anunciar que el alto grupo de discapacidad se centrará este año en el empleo.
Tatic recomendó a la UE que adopte medidas para garantizar un marco de seguimiento y garantice la participación eficaz de las personas con discapacidad en ese mecanismo de seguimiento. Antes de hablar sobre las conclusiones de la ONU, Tatic hizo un llamamiento a la UE para que, en el marco de la actualidad, garantice la protección de las personas con discapacidad en los movimientos migratorios. Es crucial el acceso para todas las personas con cualquier tipo de discapacidad a la información y comunicación sobre todos los eventos públicos que se celebran en las distintas instituciones europeas, apuntó Tatic, empezando por sus web (documentos en formatos de fácil lectura).
RONDA DE PETICIONES
En una segunda parte de la sesión de la Comisión de Peticiones, Chiara Bonanno, habló de la legislación específica italiana carente de exigibilidad en comparación con otras, como la alemana. Centró su discurso en los cuidadores de personas con discapacidad o que no son autosuficientes. Su estatus es desconocido en todas las políticas internas. Nuestra petición quiere el reconocimiento de los derechos de los cuidadores familiares, como el reposo, relación, salud, que no tienen un estatuto jurídico. Siendo estos el único apoyo de las personas con discapacidad. Bonanno también ha pedido que no se realice un recorte del estado de bienestar fruto de la crisis que pueda afectar al colectivo de cuidadores, que "son más esclavos que cuidaores".
Leonor Lidón-Heras presentó la petición relativa a los derechos de los pasajeros con discapacidad en el transporte aéreo. En materia de seguridad, recordó el caso de tres personas sordas que no pudieron viajar en avión, pero un juez dijo que estas personas eran capaces de entender las situaciones de emergencia al igual que lo hacen los extranjeros que no hablan el idioma. Para Lidón-Heras, es necesario "abrir la discapacidad a todos ya que si se aprende a atender a las personas con discapacidad, también se aprenderá a socorrer a personas en situación de discapacidad sobrevenida". otra razón por la que se puede discriminar por situación de discapacidad es el necesario preaviso de 48 horas. La ponente se pregunta cuántas personas sin discapacidad viajan sin preaviso de este plazo y no supone ningún peligro para la seguridad. "Si esas personas viajan en un plazo inferior a las 48 horas será porque necesitan hacerlo con urgencia, por lo que esto no supone una situación de igualdad". Otro motivo es que una persona con discapacidad ha de viajar con una tercera persona, lo que plantea una barrera económica a la posibilidad de viajar y una vulneración del derecho de vida independiente. Esta realidad incumple los estipulado en la Convención en materia de igualdad de oportunidades y de accesibilidad, a la seguridad y a la movilidad.
Para Judith Klein una petición a tener en cuenta se centra en el propio Comité de peticiones del parlamento Europeo para el que solicitó más medios: "parece que desapareció del mapa", aludiendo a la falta de eficacia o celeridad en las respuestas. A este respecto, dijo que no es un órgano eficaz pues carece del apoyo jurídico necesario como establece en la Convención, preguntándose a quién deben dirigirse las solicitudes. A este planteamiento, la moderadora Soledad Cabezón Ruiz recordó que el organismo de peticiones depende de diversos organismos a los que va derivando las peticiones, como media 2.000 anualmente, "por lo que es defícil atender debidamente a todas".
Antes del comienzo de una ronda de diálogo con la que se dio fin a esta sesión, Diana Indjova centró su discurso en los derecho de las personas con discapacidad en Bulgaria que, aunque numerosos, son escasamente implementados justificando esto por la falta de recursos. La discriminación en el empleo, la falta de información para el ocio o la falta de accesibilidad a los entornos públicos son sólo algunas de las carencias. Para Indjova, instituciones como la Comisión Europea sí podrían imponer sanciones económicas, ya que hay instrumentos legales suficientes para hacerlo.
Nathalie Domínguez