Unas 110.000 fundaciones actúan en el territorio de la UE

Michel Barnier, Comisario Europeo de Mercado Interior y Servicios

La semana pasada, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, presentó una propuesta de regulación del Estatuto de Fundación Europea, destinada a facilitar las actuaciones de estas instituciones con fines sociales en el espacio comunitario.

Miguel Ángel Cabra de Luna, Director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE Abre nueva ventana, además de Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de CEPES, ha explicado en qué consiste exactamente esta regulación presentada por Barnier, así como los datos ofrecidos por el propio Comisario.

La razón de ser de este estatuto que crea una nueva figura jurídica, la "Fundación Europea", se encuentra en la necesidad de reducir costes y la inseguridad jurídica, así como "impulsar la visibilidad de estas entidades a la hora de promover su actividad y atraer más financiación gracias a una etiqueta europea", señalaba Barnier en su intervención.

Las claves del Estatuto de "Fundación Europea" son comunes para todos los Estados miembros de la UE, empezando por su adopción, de carácter voluntario y válido para las fundaciones con fines de utilidad pública y que desarrollan su actividad en al menos dos Estados comunitarios. Asimismo, el Estatuto exige un nivel mínimo de activos de 25.000 euros a las fundaciones para poder constituirse en Fundación Europea.

Respecto al tratamiento fiscal de la Fundación Europea, éste se rigirá sobre la base del principio de no discriminación, es decir, que el país o países en los que se establezcan este tipo de instituciones deberán aplicar el mismo régimen fiscal que concede a sus fundaciones nacionales.

Además, la propuesta de regulación contempla la creación de un protectorado, por el que cada Estado comunitario designará un mecanismo de supervisión nacional responsable de realizar un seguimiento de las actividades de las Fundaciones Europeas en su país.

Bruselas estima que en el territorio de la UE, actúan unas 110.000 fundaciones que mueven unos activos de aproximadamente 350.000 millones de euros y que presentan unos gastos anuales de unos 83.000 millones de euros. Además, casi un millón de personas se encuentran empleadas a tiempo completo en este sector, cifra superada por el número de voluntarios que colaboran con dichas fundaciones.

De ahí que la propuesta de regulación del Estatuto también dedique un capítulo a los empleados y voluntarios de la Fundación Europea. En el mismo se indica que éstos deberán permanecer informados sobre aquellas materias que sean relevantes para ellos cuando la Fundación tenga un determinado número de empleados.

Michel Barnier recordó que los datos revelan un crecimiento cuantitativo importante, pero más aún lo es el cualitativo. Se trata de un sector de actividad dinámico, al ser cada vez es más frecuente que las fundaciones se involucren en actuaciones en otros Estados miembros de la UE.

Las principales dificultades para la expansión comunitaria de las fundaciones se encontraban en las diversas legislaciones nacionales, como los obstáculos fiscales y administrativos que suponen más trabas para desarrollar una actividad en otro país además de elevar los costes.

Reconociendo la importancia de las fundaciones a la financiación de iniciativas de interés general, esta propuesta de Estatuto de Fundación Europea ya fue incluida en el Acta del Mercado Único aprobada en abril de 2011.

Esta medida era esperada -y por lo tanto, ha sido favorablemente acogida-, tanto por el EFC (European Foundation Center) como por la plataforma DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe), de la que forma parte la Asociación Española de Fundaciones. Además, recordó Barnier, el Estatuto fue respaldado por el Comité Económico y Social en 2010, que reclamó su aprobación por parte de los gobiernos nacionales y del Parlamento Europeo antes de 2014.

La propuesta legislativa todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo para su consideración y por el Consejo de Ministros que representa a los gobiernos de los 27 Estados miembro para su aprobación.

 

Nathalie Domínguez